IU alumno aventajado de la corrupción del PSOE en Andalucía: cinco alcaldes condenados en seis meses

Los constantes casos de corrupción socialista que la actualidad aflora prácticamente cada semana en Andalucía parece que podrían eclipsar a la del otro partido que, hasta la llegada de Juanma Moreno, había estado junto al PSOE gobernando la comunidad autónoma: IU. Sin embargo, en los últimos meses hemos ido comprobando cómo también la formación comunista tiene acumulados bastantes casos de corrupción en la actualidad. Este mismo viernes, sin ir más lejos, ha sido condenado su quinto alcalde en menos de seis meses.

Miguel Ruz

Y es que el Juzgado de lo Social número cuatro de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba) y a su alcalde, Miguel Ruz (IU), por la «vulneración de derechos fundamentales» de un funcionario municipal, «a cesar en la actuación ilegal vulneradora», que ha sufrido dicho empleado público desde 2011 y hasta la actualidad, y también «a abonar» a dicho funcionario «la cantidad total de 12.558 euros, más el interés legal del dinero».

Así se recoge en el fallo de la sentencia dictada por dicho juzgado el pasado 11 de julio, en la que se recogen, como hechos probados, que el funcionario, «entre 2011 y 2020 llevó a cabo un labor reivindicativa, realizando numerosas peticiones a la Alcaldía, dado su carácter de representante de los trabajadores» y, «desde el inicio de esta actuación el alcalde le retiró el saludo».

Así, a partir de las primeras quejas del sindicalista frente al Consistorio se produjeron varios acontecimientos, tales como que «en marzo de 2020, para poder conciliar la vida familiar y laboral y por la situación de pandemia en la que estábamos», el funcionario «solicitó la posibilidad de teletrabajar, y por resolución» en marzo de 2021 «se acordó por la Alcaldía reducirle la posibilidad de teletrabajar sólo al 40%, debiendo acudir a su puesto de trabajo los lunes, miércoles y viernes el 60% de la jornada. Sin que a los demás trabajadores del Ayuntamiento se le realizaran reducciones de la posibilidad de teletrabajar».

Vicente Tapia

Vicente Tapia (IU), alcalde de Nueva Carteya (Córdoba), ha visto hace unos meses cómo se ratificaba su condena a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. Lejos de expulsarle, IU le organizó una concentración de apoyo tras conocerse la sentencia, en febrero de este mismo año.

El regidor ya aseguró en reiteradas ocasiones, y pese a la inhabilitación, que permanecería en la Alcaldía mientras utilizaba «los medios legales» a su alcance para recurrir la sentencia de la Audiencia de Córdoba y obtener así el «reconocimiento pleno» de su «inocencia». Desde que se conociera la condena, en diciembre de 2020, Tapia se ha mantenido en su sillón.

Pedro Romero

Por otro lado, hace apenas un mes conocíamos que la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaba la condena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al ex alcalde de Espera Pedro Romero (IU) por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación a dos contrataciones.

María Isabel Sánchez

También conocíamos a finales del año pasado que la ex alcaldesa de Rioja (Almería) María Isabel Sánchez (IU) era también condenada a 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al ‘enchufar’ en el ayuntamiento a la entonces pareja del hijo del secretario-interventor G.L.H., condenado también a la misma pena.

Antonia Muñoz

Además, la ex alcaldesa de Manilva (Málaga) Antonia Muñoz (IU) está también imputada por la supuesta adjudicación irregular de contratos municipales a una empresa con vínculos familiares. Tanto su marido como el actual alcalde, Mario Jiménez (Compromiso Manilva), además de otras cinco personas, han sido también procesadas.

Estos, de todos modos, son sólo los únicos primeros ediles o altos cargos de IU que han sido imputados o condenados en la comunidad, pues el líder de la formación en Sevilla, Miguel López Adán, fue condenado a comienzos de 2021 al pago de una multa de 742.500 euros. Él es el ex director general de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la Fundación DeSevilla y adscrita al Ayuntamiento hispalense en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y se le condena por estar implicado en el fraude de un millón de euros de las arcas municipales.